Julio Martín Herrera Velutini, también identificado en distintas publicaciones y documentos históricos como Julio Martín Herrera Kolster, ha pasado buena parte de su carrera moviéndose entre bancos, sociedades financieras, círculos políticos y controversias judiciales. Su historia comenzó en una de las familias tradicionales de la banca venezolana, atravesó la crisis financiera de 2009 y desembocó en un escándalo de corrupción que alcanzó a la Gobernación de Puerto Rico y, años después, al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El episodio más reciente de esa trayectoria tiene cifras difíciles de ignorar: 3,5 millones de dólares en aportaciones políticas realizadas por su hija Isabela Herrera a un comité vinculado a Trump, otros 2,5 millones comprometidos para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y un contrato superior a 50 millones de dólares con Alina Habba, antigua abogada personal del presidente estadounidense. Todo ocurrió mientras Herrera Velutini buscaba librarse de las consecuencias de un proceso penal federal por un presunto esquema de sobornos destinado a interferir en la supervisión de su banco en Puerto Rico. El 15 de enero de 2026, Trump le concedió un indulto pleno e incondicional. La decisión también benefició a la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez Garced y al antiguo agente del FBI Mark Rossini, involucrados en el mismo expediente. Aunque las investigaciones periodísticas no han demostrado que las aportaciones económicas o la contratación de Habba determinaran el indulto, la sucesión de acontecimientos ha reabierto el debate sobre la influencia de grandes fortunas en las decisiones del poder político estadounidense.

Una fortuna construida sobre un apellido histórico

Herrera Kolster nació en Caracas el 15 de diciembre de 1971, según las reseñas biográficas consultadas. Su entorno familiar estaba vinculado a los Herrera Uslar y los Velutini, apellidos asociados a la banca, las inversiones y los círculos empresariales venezolanos desde finales del siglo XIX. La familia participó durante generaciones en la dirección del Banco Caracas, institución que terminó vendiéndose en 1998. Esa tradición financiera se convirtió en uno de los principales elementos de la identidad pública del banquero, quien acostumbra presentarse como heredero de cinco generaciones dedicadas a los negocios bancarios. Sin embargo, su genealogía presenta una particularidad que varias publicaciones han destacado: la vinculación de su rama familiar con los Velutini proviene de una adopción. De acuerdo con las reconstrucciones familiares publicadas en la prensa venezolana, José Herrera Uslar y Clementina Velutini adoptaron en Europa a tres hermanos que posteriormente se establecieron en Caracas. Uno de ellos fue Julio Herrera Velutini, padre del banquero. Por esa razón, algunas investigaciones han cuestionado la forma en que el empresario presenta su ascendencia directa respecto de determinadas figuras históricas de la familia. El otro apellido de su historia, Kolster, también está asociado a un episodio judicial. Su madre, Gilda Kolster, fue condenada en 2001 a 30 años de prisión por su participación como autora intelectual en el asesinato de su esposo Casto Martínez Garrido, ocurrido en diciembre de 1996, según las reseñas judiciales aportadas. Distintos trabajos periodísticos sostienen que el banquero, anteriormente identificado como Julio Martín Herrera Kolster, comenzó a utilizar el apellido Velutini en sustitución del materno. Las razones del cambio no están documentalmente establecidas. Algunas publicaciones lo relacionan con el escándalo protagonizado por su madre, mientras otras plantean que pudo estar vinculado con sus posteriores controversias financieras. Ninguna de esas interpretaciones permite atribuirle una motivación definitiva. Lo cierto es que Herrera Velutini convirtió su identidad familiar y la tradición bancaria asociada a ella en elementos centrales de su proyección internacional.

Banco Real: el primer gran escándalo financiero

Antes de establecerse en Puerto Rico y el Reino Unido, Herrera Velutini desarrolló sus negocios en Venezuela. Según sus biografías empresariales, comenzó su carrera en el mercado de valores caraqueño, pasó por Multinvest Casa de Bolsa y participó posteriormente en compañías como Transbanca, Bolívar Banco y Financiera Venezolana. Uno de sus negocios más importantes fue la adquisición del Banco de Desarrollo del Microempresario, institución que terminó operando bajo la denominación Banco Real. Una publicación de Reporte Diario de la Economía, fechada en octubre de 2007 y reproducida en el material aportado, cuestionaba la orientación financiera de la entidad. Según aquel reportaje, apenas el 22% de sus activos estaba destinado a créditos, mientras una parte considerable se encontraba invertida en títulos valores. También señalaba que el 72% de los depósitos del público provenía de entidades oficiales. De ser correctas esas cifras, el banco mantenía una dependencia significativa de recursos públicos, pese a su origen como institución concebida para financiar pequeños emprendimientos. Aquellos cuestionamientos adquirieron mayor relevancia cuando Herrera Velutini comenzó a desarrollar operaciones para ampliar su presencia en el sistema financiero venezolano. Entre sus proyectos figuraba la adquisición de Helm Bank y una negociación para comprar el Banco Nacional de Crédito, propiedad del grupo encabezado por José María Nogueroles. La intención, según las reseñas publicadas, era integrar varias instituciones en una estructura bancaria de mayor tamaño. Pero el proyecto no llegó a concretarse. En diciembre de 2009, durante una crisis que afectó a varias instituciones financieras venezolanas, la Superintendencia de Bancos intervino Banco Real. Helm Bank también quedó involucrado en las actuaciones del Estado venezolano. La intervención se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre liquidez, composición de activos y cumplimiento de las exigencias regulatorias. Herrera Velutini fue citado por la Fiscalía venezolana, pero ya se encontraba fuera del país, según las publicaciones de la época. Distintas reseñas también mencionan una solicitud internacional de búsqueda posteriormente retirada. El banquero ha rechazado las acusaciones formuladas en Venezuela y ha sostenido que los procedimientos en su contra respondieron a motivaciones políticas. Su salida del país, sin embargo, no representó el final de sus actividades financieras. Fue el comienzo de una nueva etapa internacional.

Puerto Rico: el banco que terminó bajo investigación federal

Herrera Velutini había fundado Bancrédito International Bank & Trust en Puerto Rico en 2008, antes de que estallara la crisis bancaria venezolana. La institución operaba dentro del régimen de entidades financieras internacionales de la isla, diseñado para facilitar determinados servicios bancarios transfronterizos. Con el tiempo, Bancrédito comenzó a despertar el interés de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), organismo encargado de supervisar el sector. Las autoridades examinaron operaciones financieras y deficiencias regulatorias de la entidad. Algunas publicaciones puertorriqueñas también señalaron sospechas sobre posibles operaciones vinculadas a empresarios relacionados con el gobierno venezolano, aunque las fuentes disponibles no permiten dar por probado que Bancrédito lavara fondos de esos clientes. La investigación administrativa desencadenó el episodio que terminaría llevando a Herrera Velutini ante la justicia federal estadounidense. Según la acusación presentada en agosto de 2022, el banquero participó en un esquema para proporcionar apoyo económico a la campaña de reelección de la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, a cambio de que esta interviniera en la dirección del organismo que supervisaba su banco. El funcionario cuya salida buscaban era George Joyner, entonces responsable de la OCIF. Los fiscales sostuvieron que Herrera Velutini quería sustituirlo por una persona favorable a sus intereses y detener el escrutinio sobre Bancrédito. En la trama aparecieron Frances Díaz, vinculada a la administración del banco; John Blakeman, asesor político de Vázquez; y Mark Rossini, antiguo agente del FBI que trabajaba como consultor privado. El expediente describía mecanismos de financiación política, pagos a consultores y gestiones destinadas a influir en el nombramiento del regulador. La causa adquirió una importancia particular porque no se trataba simplemente de un empresario que buscaba contratos públicos. La acusación sostenía que pretendía influir en la autoridad encargada de fiscalizar su propia institución financiera.

Lo que reconoció el expediente judicial

En agosto de 2025, el proceso experimentó un cambio decisivo. Después de años de litigio, los cargos graves fueron sustituidos mediante un acuerdo judicial por una infracción menor relacionada con contribuciones electorales de un ciudadano extranjero. Herrera Velutini se declaró culpable de ese delito menor. El documento presentado por la Fiscalía federal en octubre de 2025 resulta especialmente relevante porque recoge los hechos y motivaciones expuestos dentro del procedimiento. Según ese escrito, Herrera Velutini buscaba obtener el favor de Wanda Vázquez mediante contribuciones políticas, entre cuyos objetivos figuraban poner fin a una auditoría de Bancrédito y conseguir la designación de Víctor Rodríguez Bonilla al frente de la OCIF. El expediente también describe la contratación de servicios de investigación de opinión pública y mecanismos de financiación de actividades electorales. La reducción de los cargos provocó cuestionamientos judiciales. La jueza federal Silvia Carreño Coll expresó reservas sobre la levedad de la sanción propuesta frente a la gravedad de las acusaciones originales. El acuerdo evitó que el caso continuara hacia un juicio por los delitos graves inicialmente imputados. No obstante, la declaración de culpabilidad por la infracción electoral y la documentación incorporada al procedimiento dejaron constancia de una actuación dirigida a obtener ventajas ante la autoridad que supervisaba Bancrédito.

Londres: negocios financieros y donaciones políticas

Mientras sus problemas judiciales se desarrollaban en Puerto Rico, Herrera Velutini había construido una presencia empresarial en el Reino Unido. Entre las compañías asociadas a su trayectoria destaca Britannia Financial Group, grupo de servicios financieros con sede en Londres. Su expansión británica estuvo acompañada de contactos políticos y aportaciones al Partido Conservador. Investigaciones de medios como The Guardian y la BBC, citadas en las reseñas proporcionadas, informaron sobre donaciones de aproximadamente 500.000 libras esterlinas al partido. Los conservadores defendieron entonces que las contribuciones habían sido declaradas y cumplían las normas electorales. La controversia no consistía únicamente en la legalidad formal de esas aportaciones. También surgieron preguntas sobre el acceso político que grandes donantes podían conseguir mediante sus relaciones financieras. El patrón adquirió una nueva dimensión cuando Herrera Velutini trasladó sus esfuerzos de influencia al entorno político estadounidense.

De acusado de corrupción a beneficiario de un indulto presidencial

En agosto de ese año, el banquero alcanzó el acuerdo que redujo los cargos graves a una infracción electoral menor. Pero, según la investigación publicada por The New York Times el 20 de octubre de 2026, el empresario todavía buscaba obtener un perdón presidencial completo. Para ello contaba con la representación del abogado Christopher Kise, quien también había integrado el equipo legal de Trump. Paralelamente, su hija Isabela Herrera realizó aportaciones por un total de 3,5 millones de dólares a MAGA Inc., un comité de acción política que respaldaba al presidente. Las contribuciones llamaron la atención de Campaign Legal Center, organización especializada en legislación electoral, que presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral. La organización solicitó examinar si Isabela Herrera había actuado como intermediaria de su padre, quien, por su condición de extranjero, tenía restricciones legales para realizar determinadas contribuciones políticas. La denuncia no constituye una determinación de culpabilidad. Hasta la información disponible, no se ha acreditado una resolución definitiva que confirme esa hipótesis. Sin embargo, las aportaciones fueron solo una parte de los compromisos económicos que rodearon el caso.

Otros 2,5 millones para el salón de baile de Trump

El 15 de octubre de 2026, The Washington Post publicó una investigación basada en documentos internos de la recaudación de fondos para el salón de baile impulsado por Trump en la Casa Blanca. Entre los donantes identificados figuraba Isabela Herrera. Según los registros obtenidos por el periódico, la hija del banquero se comprometió el 23 de septiembre de 2025 a aportar 2,5 millones de dólares al proyecto. El 14 de octubre de ese año realizó un primer desembolso de 835.000 dólares. La aportación se produjo después del acuerdo judicial de su padre, pero antes de que este recibiera el indulto presidencial. La investigación del diario identificó compromisos privados por aproximadamente 333 millones de dólares para el proyecto y examinó la presencia de donantes con intereses económicos o regulatorios ante la administración. El periódico aclaró que sus hallazgos no demostraban que las contribuciones hubieran provocado decisiones favorables del Gobierno. En el caso Herrera, la coincidencia temporal adquirió mayor relevancia tras conocerse otra operación millonaria.

Un contrato de más de 50 millones con la antigua abogada de Trump

La investigación publicada por The New York Times el 20 de octubre de 2026 reveló que la familia Herrera había acordado contratar a Alina Habba, antigua abogada personal de Donald Trump y figura cercana a su administración. La contratación se realizó mediante Concord Partners, una empresa constituida en Florida por Isabela Herrera en octubre de 2025. El contrato contemplaba una remuneración de 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, además de bonificaciones que elevaban la compensación garantizada por encima de 50 millones de dólares. Habba asumiría funciones como asesora jurídica principal de la compañía. Uno de los aspectos más llamativos era que, según la investigación, Concord Partners carecía de una actividad comercial públicamente definida que permitiera explicar con claridad la magnitud de la contratación. El acuerdo fue negociado mientras Habba todavía mantenía responsabilidades dentro del Departamento de Justicia estadounidense. La abogada comenzó formalmente su relación laboral con Concord Partners el 1 de enero de 2026. Catorce días después, Trump concedió el indulto a Herrera Velutini. Habba negó haber intervenido en las gestiones para conseguir el perdón presidencial. También sostuvo que su contratación privada había sido revisada conforme a las normas aplicables. La Casa Blanca rechazó que el contrato hubiera influido en la decisión de Trump, y el Departamento de Justicia afirmó que Habba no había participado en conversaciones sobre el indulto. La investigación periodística no estableció que el contrato fuera una contraprestación por la clemencia presidencial. La secuencia, sin embargo, reúne tres hechos documentados: una contratación extraordinariamente lucrativa de una persona cercana al presidente, aportaciones políticas millonarias de la familia del solicitante y un perdón presidencial concedido pocas semanas después.

El perdón que cerró el caso penal

El 15 de enero de 2026, Donald Trump firmó el indulto pleno e incondicional de Julio Martín Herrera Velutini. El documento oficial de clemencia identifica expresamente al banquero y el procedimiento federal relacionado con Wanda Vázquez Garced. La decisión también alcanzó a Vázquez y Rossini. La Casa Blanca defendió los indultos bajo el argumento de que los procesos habían tenido motivaciones políticas. El perdón presidencial permitió poner fin a las consecuencias penales federales comprendidas en la medida. No significó, sin embargo, que un tribunal hubiera determinado la falsedad de todas las acusaciones originales. Tampoco resolvió las preguntas planteadas por las investigaciones sobre las relaciones económicas de su familia con personas próximas al poder presidencial.

El apellido, los bancos y el acceso al poder

La trayectoria de Herrera Velutini muestra una constante que atraviesa tres escenarios distintos. En Venezuela, su actividad bancaria terminó involucrada en la crisis financiera de 2009 y en actuaciones de los organismos reguladores. En Puerto Rico, la supervisión de Bancrédito desembocó en un expediente federal que documentó contribuciones electorales ilegales y gestiones para obtener ventajas ante el organismo encargado de fiscalizar la institución. En Estados Unidos, cuando buscaba cerrar definitivamente ese capítulo judicial, su familia realizó aportaciones políticas millonarias y contrató a una antigua abogada del presidente mediante un acuerdo de más de 50 millones de dólares. Son episodios distintos, ocurridos bajo marcos jurídicos diferentes. No permiten afirmar que todas sus actividades empresariales respondieran a un mismo esquema delictivo. Pero sí muestran por qué su trayectoria ha generado un escrutinio recurrente sobre la relación entre negocios financieros, regulación bancaria e influencia política. Herrera Velutini ha rechazado distintas acusaciones a lo largo de su carrera y ha cuestionado las motivaciones de algunos procedimientos en su contra. Su indulto es un hecho consumado. También lo son la acusación federal de 2022, el acuerdo judicial de 2025 y las aportaciones económicas documentadas por la prensa estadounidense. La pregunta que permanece abierta no es si Trump tenía facultades constitucionales para perdonarlo, sino qué papel desempeñaron las relaciones políticas y económicas que rodearon la concesión de ese perdón. Para un banquero que comenzó su carrera bajo el peso de uno de los apellidos más reconocidos de las finanzas venezolanas, el desenlace resulta significativo: después de años de controversias regulatorias y judiciales, su capítulo penal estadounidense terminó no con una absolución en juicio, sino con una decisión personal del presidente de Estados Unidos.