El 28 de agosto de 2025, el nombre de Francisco Antonio Convit Guruceaga volvió a encender alarmas: el excomisario Iván Simonovis aseguró que Convit —nieto del científico Jacinto Convit y uno de los “bolichicos” de la década chavista— se fugó del SEBIN en El Helicoide, donde estaba recluido desde febrero. No hubo parte oficial del régimen, pero sí allanamientos nocturnos en casas de su madre y de su mano derecha, versiones de una salida acelerada del país con su familia y hasta la detención por 24 horas de Antonio “El Potro” Álvarez para “declarar”. Las fuentes coinciden en lo esencial: Convit habría pagado por la puerta de escape. Lo demás es geografía: ¿Estados Unidos, donde lo espera un expediente federal por lavado de USD 1.200 millones? ¿República Dominicana, para moverse sin fricción? ¿España, cerca de su viejo socio y protector Alejandro Betancourt? Mientras se respondían esas preguntas, el efecto dominó llegó a Caracas: Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio y Jesús Enrique Salazar perdieron la casa por cárcel y regresaron a calabozos del SEBIN. El mensaje fue claro: si uno se fuga, todos pagan. Para entender quién es Convit hay que volver a la génesis del grupo que lo encumbró. Derwick Associates nace como un cascarón oportunista y se convierte en contratista privilegiado durante la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez. Con apenas meses de creada en Venezuela, Derwick encadena —sin licitación, con adendas y silencios— contratos con la Electricidad de Caracas (EDC), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y PDVSA para levantar plantas térmicas que —en demasiados casos— quedaron inconclusas, entregadas a medias o con equipos reconstruidos vendidos como nuevos y a sobreprecio. La ruta técnica se resolvía subcontratando a ProEnergy; la política, con padrinazgos. En esa ventana se forjó el tridente: Convit, Leopoldo Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau. El vínculo con Javier Alvarado —hoy también citado en expedientes— lubricó las adjudicaciones. El apodo “bolichicos” resumía todo: juventud, poco historial empresarial y acceso directo al presupuesto. En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. destapó la otra cara: la megacausa por lavado de dinero que describe un desfalco de PDVSA mediante arbitraje cambiario (2014–2015) que arrancó con USD 600 millones y terminó duplicado a USD 1.200 millones. En esa imputación figuran, junto a Convit, nombres que se repiten en el circuito: José Vicente “Chente” Amparan Croquer (presentado como lavador profesional), Carmelo Urdaneta (exasesor legal del Ministerio de Petróleo), Abraham Edgardo Ortega (exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA, luego confeso), Gustavo Hernández Frieri (financiero colomboestadounidense), el banquero suizo Matthias Krull (que terminó colaborando) y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, entre otros. El expediente describe el método con crudeza: aprovechar el diferencial entre el dólar paralelo y el preferencial para multiplicar capitales con operaciones en cascada, usar bienes raíces en Miami y estructuras de inversión falsas, y dispersar ganancias por Miami, Panamá, Suiza, Inglaterra y Bahamas. A Convit lo retrata, además, un episodio revelador: una reunión en su oficina en Caracas, en noviembre de 2015, con un colaborador de la justicia estadounidense. Sobre la mesa, “estratégicamente”, una pistola. A su lado, un pastor alemán con collar eléctrico. “No siempre puedo controlarlo”, habría dicho. La escenografía del poder, perfecta. Para 2018, la jueza Kathleen M. Williams declaró a Convit y a varios coacusados “fugitivos” por no comparecer. Ese estatus, sin embargo, no le impidió vivir a plenitud. En enero de 2020 fue detenido por el SEBIN en Maiquetía o Margarita —las versiones difieren— y liberado casi de inmediato. Detrás de la puerta giratoria, dos apellidos ruidosos: Diosdado Cabello y Douglas Rico, según reportes periodísticos. En febrero de 2025, otro episodio lo devolvió a la atención pública: una trifulca en el Capital Sports Pádel Center con escoltas del merenguero Omar Enrique. Pocos días después cayó preso. Fuentes de investigación insistieron en que no fue por la pelea, sino por conversaciones con autoridades estadounidenses para negociar su situación judicial. Seis meses más tarde, la fuga. La superficie empresarial de Convit excede a Derwick. Tuvo participación en Petrozamora (mixta con PDVSA) y orbitó negocios hípicos a través del consorcio El Capi Racing en Florida; en 2015, junto a los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros socios, pagaron USD 2 millones por el potro Glory or Nothing en Saratoga y USD 400.000 por otra potranca. El mundo ecuestre no era casualidad: su esposa, Patricia Gabriela Ferrando de Convit, integra la selección nacional de equitación. En paralelo, versiones periodísticas lo han vinculado a intentos por privatizar —vía concesión a dedo— el Instituto Nacional de Hipódromos, junto a “El Potro” Álvarez y José Ángel Silva; el plan naufragó cuando el ruido se hizo público. El expediente judicial en Miami agrega piezas de mosaico: contratos ficticios para justificar transferencias (como el de Eaton Global Services Limited, sociedad de Hong Kong señalada en papeles y vinculada en notas de prensa a Raúl Gorrín), adquisiciones inmobiliarias confiscadas en Miami y Panamá, y el testimonio de Krull, que lo identifica como cliente relevante en la trama. A todo ello se suma un historial de litigios reputacionales: Thor Halvorssen, de Human Rights Foundation, acusó a Derwick y a Fusion GPS de campañas de difamación contra quienes documentaron las irregularidades del holding; en 2018, Halvorssen demandó por daños y perjuicios en Nueva York a los directivos de Derwick y a los socios estadounidenses por presunta conspiración para silenciar denuncias. La biografía social de Convit también pesó. Casado con Ferrando desde 2008 (boda en Venecia), su vida privada derivó en escándalo: reportes lo ligan a la exreina Edymar Martínez Blanco, con señalamientos de lavado a través de negocios en Venezuela y España y uso de cuentas en Panamá, Bahamas y Barbados. En paralelo, fuentes internacionales ubican a Ferrando con cuentas en Suiza. Es el reflujo clásico del dinero “tóxico”: al salir de Caracas, entra por el carril de los bancos privados, el lujo, los caballos y los clubes. El hilo conductor, sin embargo, es otro: cada vez que Convit pareció cercado, encontró una salida. En 2020, una liberación exprés. En 2025, una captura “por razones propias” del sistema y una fuga comprada que volvió a humillar a sus antiguos protectores. Es el mismo patrón que lo llevó de la emergencia eléctrica —contratos urgentes, adendas, equipos usados a precio de nuevos— a la “Operación Fuga de Dinero” de PDVSA —arbitraje cambiario, lavadores profesionales, banqueros a la carta—, y de allí a una clandestinidad cómoda. La pregunta no es por qué se fugó, sino cuánto sabe y a quién puede hundir cuando se siente acorralado. Hoy, mientras el oficialismo recompone su cerco sobre procesados de alto perfil y algunos regresan a celdas profundas para evitar nuevas fugas negociadas, el caso Convit vuelve a exhibir el esqueleto del sistema: contratos sin control, bancos complacientes, operadores internacionales y una justicia que alterna castigos ejemplares con puertas traseras. Nieto de un prócer de la ciencia, “empresario” eléctrico a los 30, operador financiero a los 35, prófugo a los 40 y fugado a los 47: la línea de tiempo de Francisco Convit no es una anomalía, es una crónica del poder en Venezuela cuando el acceso vale más que cualquier balance. Y, una vez más, el que mejor pague, pasa.

@lombardoven Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio Hobaica y Jesús Enrique Salazar han vuelto a la cárcel esta semana por culpa de la fuga de Francisco Convit Guruceaga #fyp #venezuela #noticias ♬ Patio de la Cárcel (Tangos) - Omar Montes & Farruko