En los pasillos menos visibles del poder venezolano —donde los contratos no se anuncian y las decisiones se toman lejos de los micrófonos— el nombre de Rosa Gisela Olivis Peña de Gray aparece con una regularidad inquietante. No como figura pública, ni como vocera política, sino como engranaje jurídico y empresarial de una red que supo convertir cercanía al Estado en negocios, y negocios en patrimonio fuera del país.
Casada con el empresario australiano Clifford Ross Gray, Olivis ha construido durante años una arquitectura corporativa que cruza Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Su perfil público suele presentarla como presidenta de la fundación Huellas de Bondad, una ONG dedicada —al menos en los papeles— a labores sociales. Pero esa fachada convive con un entramado mercantil mucho más complejo.
En Panamá figura como directiva de varias sociedades, entre ellas Latimex Corporation S.A., JM Mercantil Supply Inc. y Corporation Visloy S.A., compañías que comparten patrones comunes con otras estructuras vinculadas al chavismo: escasa actividad comercial visible, direcciones compartidas y vínculos con contratistas del Estado venezolano. En Venezuela, Olivis fue cofundadora de Corporación Graysam C.A., empresa que obtuvo autorización oficial para importar y distribuir uniformes, ropa industrial y maquinaria, con especial énfasis en organismos de seguridad y defensa.
Graysam no operó en solitario. A su alrededor aparece un núcleo estable de socios y testaferros cuyos nombres se repiten en distintas razones sociales: Yanori Bernal Vargas, Ámbar Yohana Quiroga Mata, Roda Saab Ganam y Félix Ramón Hernández, entre otros. Juntos figuran en compañías como Representaciones Felther, Lanzallamas 12 R.L., Inversiones Villaber y Venservice, todas beneficiarias de contratos con entes públicos como el INCE Militar, el IPSFA, Bolipuertos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, alcaldías alineadas con el oficialismo y programas sociales del Estado.
El patrón se repite: empresas de corta trayectoria, licitaciones poco competitivas o asignaciones directas, y un flujo constante de recursos públicos con mínima fiscalización. Un modelo conocido dentro del ecosistema bolivariano, donde la lealtad política suele pesar más que la experiencia técnica.
En paralelo a esta expansión empresarial, Olivis comenzó a mover capitales fuera de Venezuela. En 2014 adquirió un ático de alto nivel en el barrio de Salamanca, en Madrid, por unos 455.000 euros, operación realizada a través de una cuenta bancaria en Miami. No fue un caso aislado: personas de su entorno compraron otras propiedades en el mismo edificio mediante sociedades registradas en Panamá y Barbados, replicando esquemas habituales de inversión inmobiliaria para resguardar fondos de origen sensible.
La historia de Rosa Olivis también se entrelaza con la de Samantha Gray Quintero, quien pasó de aspirante política local en Chacao a protagonista de una de las compras inmobiliarias más comentadas de Madrid: un edificio valorado en 47 millones de euros. Lejos de ser solo suegra e hija política, Olivis y Samantha compartieron sociedades y estrategias. En una entrevista de 2008, la propia Samantha reconoció que fue Olivis quien la presentó a Clifford Gray, su esposo. Desde entonces, ambas aparecen como socias en al menos cuatro empresas. Olivis la ha descrito públicamente como hija, amiga y confidente.
El círculo no ha estado exento de controversias. Fuentes opositoras han vinculado a Olivis con el general Giuseppe Yoffreda Yorio, exalto funcionario de Corpovex, en presuntos esquemas irregulares que incluían el uso de redes de captación de jóvenes para fines no del todo claros. Aunque estas acusaciones no han sido probadas judicialmente, su reiteración en informes y filtraciones refleja el nivel de opacidad que rodea al grupo.
A esto se suma la presunta participación indirecta en la estructura de Turpial Airlines, aerolínea venezolana que habría aprovechado la salida de compañías internacionales para establecer rutas rentables mediante terceros países como Curazao, Panamá y Barbados, atendiendo a un nicho muy específico: funcionarios, empresarios aliados y operadores del poder.
Con nacionalidad venezolana, acceso a sistemas financieros internacionales y una constelación de empresas activas en varias jurisdicciones, Rosa Gisela Olivis Peña de Gray encarna un perfil recurrente en la élite económica del chavismo: operadores que nunca dan discursos, rara vez figuran en titulares, pero que convierten la proximidad al poder en contratos, y los contratos en patrimonio blindado fuera del país.
Siempre en segundo plano. Pero casi nunca fuera del negocio.
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